Para lograr ese fin, el sector de la discapacidad pide que las Cortes "tramiten sin más dilación la Iniciativa Legislativa Popular del CERMI contra el copago confiscatorio, que lleva meses de retraso en el Congreso. Esta ILP (apoyada por casi 740.000 firmas) establece una regulación que eximiría del copago a más 85% de las personas beneficiarias del sistema actualmente, que se ven obligadas a 'comprar' lo que supuestamente es un derecho".

 

En cuestiones sanitarias, las demandas básicas del CERMI al nuevo Gobierno son fundamentalmente dos: "La reforma integral de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, es decir, de los productos de apoyo y ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, audífonos, cojines antiescaras, etc.) que devuelven autonomía a los pacientes que han perdido ciertas funcionalidades", que lleva 20 años sin actualizarse, y "crear de verdad un espacio sociosanitario, real y efectivo, del que solo se habla pero nada se avanza. Muchas discapacidades solo se pueden abordar holísticamente, de modo integral, en la dimensión social y sanitaria, no separadamente, como se hace ahora, que aboca al fracaso".